Después del interminable conflicto del campo el gobierno quiere abrir nuevos frentes de conflictos, esta vez con los inversores.Esta es una noticia que circuló días pasados por las plazas financieras de la city porteña. La noticia indica que ahora el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner analiza gravar la renta financiera antes de que termine el año.
Según el CRONISTA COMERCIAL La movida implica emular los gravámenes que ya se aplican en otros países del mundo a la compra–venta de acciones, bonos, títulos públicos, y hasta depósitos a plazo fijo de sumas importantes. También podrían incluirse en este caso los fideicomisos que canalizan los grandes pools de siembra.
La voracidad fiscal del Gobierno –que no logra contener el incremento del gasto público– se topó con un cambio obligado de estrategia ante el conflicto que generó el último incremento de las retenciones al agro. Por eso ahora los hombres del sector financiero sienten que son los que siguen en la fila.
El principal argumento a favor de gravar a los capitales financieros es que contribuiría a mejorar la redistribución del ingreso. Los que se oponen, en tanto, alegan que la medida desalienta la formación de un mercado de capitales sólido a largo plazo y por lo tanto erosiona los niveles de ahorro, base para la inversión. El dato es clave para un país como la Argentina, que no puede salir a colocar bonos al exterior (por el default de la deuda) y por lo tanto depende casi enteramente del ahorro interno.
Desde la city porteña afirman que una medida de este tipo generaría, por lo menos, una salida considerable de los depósitos a plazo fijo, con el correlativo impacto sobre el crédito interno.
“Hay una frase que expresa: “el capital tiene alas”. La competencia entre los mercados financieros de las distintas plazas es feroz. Bastaría un simple anuncio de gravar rentas financieras en el país para producir rápidamente una corrida de capitales financieros hacia plazas del exterior, con el consiguiente vuelco de esos fondos hacia la economía informal.
Consecuencia obvia de la medida a imponer : los inversores exigirán más retornos después de impuestos, por lo que aumentarían las tasas de plazos fijos y también se pedirían más tasas a los bonos, y se encarecerían los créditos al sector privado y al Gobierno
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